La llamada Zona Naranja es una medida muy interesante para regular las zonas de aparcamientos en la vía pública, y el tránsito de vehículos, especialmente en aquellos barrios 'históricos' de calles estrechas y plazas limitadas, muy saturados de coches. El color es lo de menos (en Madrid se llama zona verde...). Lo importante es que con la medida se pretende asignar plazas preferentes a los redidentes del barrio, previa obtención de una tarjeta personalizada. A buenas horas, tras la eclosión del parque de vehículos motorizados que en 15 años se ha duplicado, y de hacer la vista gorda avalando el caos circulatorio, el gobierno de Rita Barberá parece tener la intención de regular y pacificar el tráfico.Digo parece, porque la impresión que transmite este principio de ensayo en Ciutat Vella es de completa improvisación, salpimentada con los con los sabrosos aliños made in Barberá: nocturnidad y alevosía. A lo que hay que añadir el agravio recaudatorio: el coste de la tarjeta es de 130€ al año, la más cara de España y muy por encima de los 25€ que pagan en Madrid o los 52€ de Barcelona. Un coste desorbitado e inasumible, denunciado en su momento por Compromís per Valencia, que da la cifra de las reales intenciones del gobierno de Barberá.
La medida de zona naranja en el Carmen fue anunciada hace ya unos meses por el concejal de tráfico Alfonso Novo. Desde entonces no consta de que se hayan hecho reuniones con los vecinos del barrio para dialogar, debatir y consensuar su puesta en marcha. El concejal afirmó que a partir de enero 2011 se establecerían las plazas naranjas, pero sin especificar fechas de inicio, ni presentar un plan integral de pacificación del tráfico que incluyera la peatonalización del barrio, con los consecuente cambios en el sentido de circulación de las calles. Fallos evidentes en su puesta en marcha cuya contrapartida ha sido la tibia respuesta de los vecinos: solo 85 vecinos han mostrado interés en la medida, de las mil solicitudes inicialmente previstas.Sin embargo el concejal Novo dio la callada por respuesta, dando por buena la medida y de la noche a la mañana ha ordenado su puesta en funcionamiento, sin contemplar un periodo de adaptación. Consecuencia: la policía local empezó a multar de forma indiscriminada a los residentes, que han decido boicotear la medida denunciando el caracter persecutorio y recaudatatorio de la zona naranja. Una bien orquestrada chapuza! Quizás para vanificar y dejar sin efecto una medida que no encaja en la caótica forma de concebir la ciudad que tiene el PP...
