La reciente resolución de la Sala Tercera del Supremo,
condenando al Ayuntamiento de València a pagar 2.000 euros de costas por el “
desistimiento tardío en el proceso iniciado a raíz de el último recurso municipal sobre el plan de El Cabanyal, una vez que ya estaba señalado día para votación y fallo”, constituye otro escandaloso gasto que las valencianas han tenido que abonar para satisfacer la obsesión destructiva de la alcaldesa Barberá contra los vecinos y el patrimonio de El Cabanyal.
La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de junio, que desestimaba el recurso de la Generalitat contra la Orden Ministerial que protegía el Cabanyal del expolio puso punto y final al largo y tortuoso recorrido judicial del proyecto urbanístico y especulativo de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez.
