7 de enero de 2011

El concejal Bellver será procesado por prevaricación


El concejal de urbanismo Jorge Bellver ha recibido un inesperado, cuanto anunciado, regalo de reyes. El juez ha dictado un auto de procesamiento de Bellver junto con el secretario del Ayuntamiento Pedro García Rabasa, una arquitecta y dos jefes de servicio municipales. El caso del aparcamiento subterráneo contiguo al Jardín de Monforte le ha costado la imputación al todopoderoso concejal de urbanismo del Ayto de Valencia. El caso es muy conocido (sobre ello he escrito posts y publiqué un artículo en El País en julio pasado): el concejal Bellver autorizó el proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo contiguo al Jardín de Monforte, obviando la protección patrimonial del mismo y sin que en el expediente constara el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. Un informe necesario porque los contiguos Jardines de Monforte están protegidos por una declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) desde los años '90. Un olvido a sabiendas que el código penal tipifica con el delito de prevaricación, que el juez ha investigado a raiz de una denuncia de Cercle Obert de Benicalap. Motivada por la sospecha de que detrás de unas obras que pretendían sustituir un muro del jardín por una verja, en realidad se escondía una medida para evitar que los arboles se perjudicaran. Por culpa de un muro de hormigón de contención del aparcamiento subterráneo, que retenía las aguas subterraneas y pudrían las raices de los árboles.

Hasta ayer mismo Bellver daba muestras de seguridad y desparpajo, afirmando que la denuncia se archivaría justo después de las elecciones de mayo 2011. Dejando de lado lo humorístico de sus palabras, puntualmente desmentidas, esas muy típicas actitudes dan el calibre de este personaje político que vive al límite de la legalidad las 24 horas del día. Porque el procesamiento por el Jardín de Monforte no es un caso aislado, se inscribe en un contexto de decisiones polémicas que han sido objeto de denuncias penales ya que han levantado fundadas sospechas: la permuta del edificio de Tabacalera; la recalificación de los terrenos donde se alza el esqueleto del nuevo estadio de Mestalla; el proyecto de prolongación de Blasco Ibañez y las compensaciones millonarias a las empresas privadas que se retiraron de Cabanyal 2010, empresa semi-pública encargada de llevar a cabo el plan. Y un largo etcétera de desiciones siempre polémicas, con indicios y sospechas de violación de las leyes urbanísticas y de perjudicar el interés público en favor de los intereses privados.

El año empieza con un sentimiento contradictorio de tristeza mezclada a una alegría contenida. Tristeza por la constatación de que la podredumbre de las instituciones propiciada por el PP es muy extendida y alcanza a todos los niveles y a todas las estructuras de la administración pública. Alegría porque finalmente se empiezan a desvelar las formas relajadas de gobernar que se han impuesto en estos años de bonanza, abonados con las mayorías absolutas de la que han gozado legislatura tras otra los gobiernos de Rita Barberá. Ese abuso de situación dominante ha promovido las formas autoritarias y la toma de decisiones que se inscriben en la llamada política de hechos consumados. Es decir se toman decisiones, se aprueban proyectos y se gobierna a sabiendas de las posibles ilegalidades que se están cometiendo, escudándose detras de un poder preponderante y predominante que garantiza la (casi) intocabilidad y la consecuente impunidad.

En un país normal, con un sistema democrático maduro y de calidad, el concejal Bellver no hubiera tardado ni un minuto en poner su cargo de concejal de urbanismo a disposición, así como renunciar a la responsabilidad de secretario general del Partido Popular de Valencia Ciudad, para evitar salpicar con su imputación a todo su partido. Obviamente, como han demostrado en reitaradas ocasiones, el PP no teme sentirse salpicado por las imputaciones y los delitos cometidos por sus miembros, porque un imputado más un imputado menos no cambia mucho la percepción que tenemos de una organización política que empieza a ser conocida como Partido Podrido. No obstante, desde Compromís seremos inflexible en las exigencias de que los políticos que sean imputados por actos contrarios a la legalidad vigente, abandonen de inmediato sus puestos y abandonen la vida política.Esto es solo el primer episodio de una lista que tememos que será larga.

1 comentario:

Antonio Marín Segovia dijo...

Una excelente reflexión que comparto plenamente... es muy triste tener que recordar las obligaciones legales a los que dicen ser nuestros representantes, pues deberían demostrar una mayor sensibilidad y disposición al diálogo. Lamentablemente, en Valencia tenemos a unos tiranos que desconocen la eficacia que hay en la comunicación directa.

Mis respetos y saludos,

Antonio Marín Segovia