18 de enero de 2015

Gamonal: he recurrido en los juzgados la sanción de Del. del Gobierno por participar en la Mani del 17 de enero de 2014

La manifestación a su paso por la plaza de la Virgen (foto José Jordán

Hace justo un año, el pasado 17 enero de 2014, colectivos sociales de la ciudad de València promovieron una manifestación de apoyo a la lucha de los vecinos del barrio burgalés de Gamonal, contra la corrupción y la especulación urbanística que promovía el alcalde del PP. Una lucha ejemplar que recibió el apoyo de muchísima gente en toda España.

Me sumé con entusiasmo a las numerosísimas muestras de solidaridad, asistiendo a la manifestación como centenares de valencianos, a título personal, pero dos meses después, junto con el activista Javier Terrádez 'Jota', y otras cuatro personas, fuimos acusados y multados "arbitraria e indiscriminadamente". Eso sí en ningún momento fuimos identificados ni parados por los agentes de la policía nacional: se pone de manifiesto el estado de indefensión que padecemos, que evidencia además que la policía me tiene fichado por "el mero hecho de ejercer el legítimo derecho de participar en manifestaciones y movimientos sociales".


Según la denuncia policial, remitida el 25 de marzo, "el 17 de enero de 2014, entre las 19:30 y las 22:30 horas, (Grezzi) participó junto con más de 500 personas en una manifestación no comunicada, que transcurrió por diversas calles de Valencia (…). Desde el inicio de la misma, se observa como mantiene diferentes contactos con los participantes, organizando y dirigiendo la manifestación”. Unos hechos que son calificados por la Delegación del Gobierno como "graves y sancionables con una multa de 301 €".

Sin embargo, ni organicé nada, ni la policía tiene prueba alguna que lo demuestre. Participé como cualquier ciudadano. Nunca convoqué la manifestación, ni la organicé, ni fui promotor de la misma, y la acusación policial no concreta en qué consistieron las pretendidas actividades que revelan mi calidad de organizador y convocante, lo que causa evidente indefensión. Lo único que señala el acta de denuncia de la Dirección General de Policía es "la mera conversación e intercambio de impresiones con otras personas sin identificar ni concretar".

“Perseguido” por protestar 

Lo llamativo es que la denuncia añade la siguiente valoración, sobre la que se basaría la acusación: “Grezzi, como por otra parte viene siendo habitual en las diversas manifestaciones a las que acude, considerándosele como una de las personas influyentes y de referencia ideológica en el ámbito social y de grupos de protesta”.

Es decir, se vierten sobre mí acusaciones vagas sobre la organización y dirección de una manifestación por el mero hecho de ser una persona que participa habitualmente en otro tipo de actos de protesta, como si ese hecho, el derecho de toda persona a reivindicar sus creencias y opiniones, fuera sancionable y mereciera mayor reproche.

Sin embargo a pesar de remitir hasta 6 pruebas testificales demostrando que la acusación realizada no se ajustaba a la realidad, la Delegación rechazó el primer recurso sin admitir ninguna de ellas por considerarlas “innecesarias” sin más explicación, y confirmó la sanción interpuesta. El 4 de julio de 2014 presenté nuevas alegaciones que fueron de nuevo desestimadas sin más motivación, privándome de nuevo del derecho de defensa al ciudadano, lo que ha motivado que finalmente acudiera al recurso presentado ayer.

Base legal

Según el recurso contencioso registrado en los juzgados competentes, la denuncia vulnera el artículo 135 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece el derecho a la práctica de los medios de prueba que resulten procedentes como un derecho primario de los administrados en los procedimientos sancionadores, cuando establece que “los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto responsable los siguientes derechos: A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes”.

En la misma dirección, el art. 137.4 de esta Ley dispone que se practicarán de oficio, o admitirán a propuesta del presunto responsable, “cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. “ La resolución denegatoria de prueba vulnera lo dispuesto en el art. 137.1 de la LRJPAC, que prescribe que “los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”.

La Resolución por lo tanto, estaría prejuzgando el resultado definitivo del expediente otorgando validez únicamente al informe policial remitido en su día, que recoge que se me vió hablando con algunas personas que encabezaban la manifestación sin más prueba que sus palabras, e impidiendo a esta parte defenderse de esas imputaciones a las que se les dá total credibilidad sin derecho a contradecirlas, vulnerando en definitiva, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a la tutela efectiva.

La Constitución Española consagra el derecho a la práctica de los medios de prueba como un derecho fundamental por lo que sus restricciones o limitaciones deben ser reducidas al máximo. Con la denegación de la prueba que se propuso, se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, a utilizar las pruebas pertinentes para la defensa, así como el derecho a la igualdad de armas con la parte que en este caso acusa.

En definitiva se hace un uso torticero de la presunción de veracidad de la versión policial. Estos hechos revisten una especial gravedad, por que es evidente el intento del PP coartar y amordazar a la ciudadanía que desobedece y reivindica una sociedad más democrática, igualitaria y justa frente a unos gobernantes que no tienen respeto a los procedimientos democrático.
Desde febrero 2012, cuando tuvo lugar la llamada “Primavera Valenciana”, se ha recrudecido la actividad represiva y persecutoria de la Delegación del Gobierno y de los cuerpos de policía, contra los movimientos sociales, las plataformas ciudadanas y las personas que ejercen el derecho costitucional a las reivindicaciones democráticas y las protestas en las calles de València. Sin embargo a pesar de la represión, los demócratas seguiremos plantando cara denunciado los abusos y el autoritarismo que vulnera los derechos constitucionales.

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